Como parte de los esfuerzos para una atención integral a las personas migrantes y desplazadas la Cruz Roja Salvadoreña realizó el Lanzamiento Oficial del Convenio 18-CO1-1212: “Promoción de la gobernanza y el acceso a servicios públicos de atención, protección y acompañamiento a más largo plazo para la restitución de derechos de la población migrante y desplazada a causa de la violencia en Centroamérica y México”.
El convenio es financiado por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y Cruz Roja Española (CRE) y será ejecutado en el país por la Cruz Roja Salvadoreña (CRS). Cruz Roja Hondureña (CRH), Cruz Roja Guatemalteca (CRG) y Cruz Roja Mexicana (CRM) también están adheridos a este convenio y lo ejecutarán en sus respectivos países.
Por medio de este convenio se beneficiarán 76,670 beneficiarios directos, de personas migrantes retornadas o desplazadas internas, con necesidades de protección a causa de la violencia generalizada en el norte de Centroamérica y México. Solo en El Salvador se estima alcanzar a 16,175 personas migrantes o desplazadas que transiten por el país, entre ellos 9,838 mujeres y 6,337 hombres de los municipios de Soyapango y San Miguel.
En la firma del convenio se dieron a conocer las acciones estratégicas que se implementarán en El Salvador a los principales actores claves y beneficiarios a nivel nacional, esto incluye actores de la Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado por Violencia (MCDF), actores nacionales e internacionales de los sistemas de atención a víctimas, con especial énfasis en migrantes y desplazados internos.
De acuerdo con los actores firmantes del convenio, este es con el objetivo de contribuir a restituir el ejercicio efectivo de los derechos de la población migrante y desplazada por violencia con necesidades de protección en la Región Centroamericana.

Para hacer posible las acciones del convenio firmado se contará con la participación de organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil a escala nacional y regional, además se contará con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ACNUR, Médicos del Mundo, OIM, SICA y entidades de defensoría de los Derechos Humanos.